MAPA LEGAL DE LA DIABETES EN ESPAÑA
Por Jaume Oriell Corominas. Abogado

Los ciudadanos españoles albergan serias dudas acerca de la normativa que debe aplicarse para delimitar sus derechos y obligaciones en lo referente a las prestaciones sanitarias y farmacéuticas relacionadas con el control y tratamiento de la DIABETES.

A finales del año 2001, se constataba la existencia de una problemática no resuelta para los pacientes crónicos con diabetes en el acceso a los productos y material necesario para su control y tratamiento.

A fecha de hoy, y siguiendo su evolución, ¿ha mejorado o empeorado la situación?.

 

Mapa de España

 
El informe anual del Observatorio del Sistema Nacional de Salud, correspondiente a 2003, ha detectado un “deterioro relativo” de la sanidad española. El principal motivo de ese empeoramiento ha sido la congelación del gasto sanitario público desde 1997 hasta 2003. También han influido el aumento progresivo del gasto farmacéutico y el crecimiento de la población.

Sin embargo, también se constata un “buen funcionamiento de la sanidad pública en general” y que el panorama es bastante homogéneo en las Comunidades Autónomas. ¿Es del todo cierta esta afirmación?

El informe MAPA LEGAL DE LA DIABETES EN ESPAÑA pone de relieve que no todas las CC.AA. tienen programas específicos sobre la DIABETES. Tampoco todas disponen de CONSEJO ASESOR SOBRE DIABETES. Y las que lo tienen, sin generalizar, porque los hay que cumplen una magnifica labor, cuesta ubicarlos y que sus decisiones lleguen al conocimiento de la población en general y al de los pacientes diabéticos afectados, y sus familiares, en particular.

Cierto es que existen PLANES DE SALUD que comparten OBJETIVOS, EJES O LÍNEAS DE ACTUACIÓN, ESTRATEGIAS, MEDIDAS CONCRETAS, CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PROCESOS... ¿Pero son estos objetivos realistas y alcanzables, y los podemos controlar?

Todos compartimos la idea de que la DIABETES es un problema sanitario prioritario. Falta unificar criterios y transparencia en muchos aspectos (bombas de infusión continua de insulina, aparatos de teleoftalmología, hospitales de día, plazas de endocrinólogos, educadores en diabetes, dietistas...). Pero no sólo sanitario, sino social y laboral. Hay que informar y formar con mucho más rigor, y por canales autorizados acerca de lo que es y de cómo afecta la DIABETES a los pacientes y a sus familiares (en la escuela, en el trabajo, en la presencia de situaciones discriminatorias...).

Comparad la normativa existente en vuestra CC.AA. con las demás y el grado de cumplimiento. A partir de aquí se admiten todo tipo de reflexiones y críticas constructivas.

Por último, quiero hacer referencia al indispensable papel que deben jugar las asociaciones de diabéticos para superar esta situación.

Jaume Oriell Corominas - Abogado
Junio 2005. Girona

 
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